Resumen: El TACRC en el apartado sexto de la resolución examina la alegación relativa a la reanudación de la licitación suspendida, y concluye que " esta alegación debe ser inadmitida". Es una alegación lo que se inadmite, aunque en la parte dispositiva de modo impreciso se inadmita el recurso. La Sala comprueba que la resolución continúa examinando, a lo largo de las ocho paginas restantes, el recurso de la ahora actora, concluyendo que el acuerdo de reanudación es conforme a derecho (fundamento séptimo) que la oferta del adjudicatario se ajusta al PPT, (fundamento octavo) y que no había obligación para el órgano de contratación de realizar una inspección previa de las ambulancias ofertadas (fundamento octavo). Es decir, se inadmite una pretensión, y se desestiman las restantes, de manera que, si bien en la parte dispositiva se acuerda la inadmisión del recurso, de hecho se esta declarando la conformidad a derecho de la reanudación del procedimiento de contratación y de la adjudicación a otro licitador. Es conforme a derecho la conclusión alcanzada por el acto administrativo impugnado: el término utilizado "techo sobre elevado" no lo ha sido como concepto técnico, sino como un concepto de contenido indeterminado a la luz de las previsiones normativas sobre las dimensiones de las ambulancias. Los pliegos constituyen la ley del contrato, no han sido impugnados, y constituye una prerrogativa de la Administración su interpretación.
Resumen: Reitera el trabajador sancionado la nulidad del despido cuya improcedencia se declara pues si bien reconoce haber incumplido las normas de seguridad y falta de utilización de los equipos de protección no incurrió en transgresión de la buena fe contractual; pero lo hace desde la condicionante dimensión jurídica que ofrece el incombatido particular acreditativo de que en los dos días anteriores a la baja laboral por COVID-19, manifestó no encontrarse bien de salud. Tras recordar los principios informadores de la buena fe contractual en el ámbito disciplinario comparte la Sala lo argumentado en la instancia en favor de la procedencia del despido impugnado pues el trabajador (incumpliendo el protocolo que había suscrito) no usó la mascarilla, o no la usó correctamente, acudió al trabajo pese a presentar sintomatología, no comunicó nada a la empresa; eludiendo el sistema que ésta había implantado para proteger a su plantilla al acceder por el almacén de forma que no se le tomara la temperatura. Sancionado incumplimiento que no puede ser eficazmente modulado en aplicación al caso de la doctrina gradualista pues si bien es cierto que no consta que hubiese sido sancionado con anterioridad la gravedad de su infracción nos impide minimizar sus efectos extintivos cuando (como es el caso) se pudieron producir no sólo los daños económicos irrogados a la empresa sino también personales de entidad para con aquéllos con quien mantuvo contacto en los días previos a su baja.
